MÁS DE 22,4 MILLONES EN LICITACIONES PÚBLICAS SE QUEDAN SIN ADJUDICAR EN GRANADA
GRANADA HOY
A nivel nacional, a lo largo de 2025 se registraron 9.819 contratos públicos que quedaron sin adjudicar por un valor de 4.011 millones de euros. En Andalucía el montante de lo que quedó desierto fue de 458,09 millones, con Granada como una de las provincias con una cantidad menor de dinero sin adjudicar, 22,4 millones.
En Málaga, siempre los datos de esta compañía, que se llegó a los 168 millones; en Sevilla, a los 71; y en Cádiz, 89, como tres provincias andaluzas destacadas. Por el otro lado, únicamente Huelva, tiene un dato inferior a Granada: 13,3 millones se quedaron en las arcas públicas pese a ser objeto de licitación.
A nivel nacional, el análisis de la contratación que queda desierta revela que las actividades no residenciales absorben cerca del 14,9% del total (1.731 millones de euros). Le siguen los servicios generales, con un 13,4% (1.558 millones), y los servicios inmobiliarios, aparcamientos y ascensores, que representan un 9,2% (1.068 millones). También destacan los contratos relacionados con vehículos, transporte y mercancías, con un 8,9% (1.029 millones), y la recogida de basuras y limpieza viaria, que concentra un 5,9% (683 millones).
“Muchas de las licitaciones públicas que se han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, por lo que la demora puede provocar la pérdida de esta subvención”, indica el director comercial de Intescia-Doubletrade España, Salvador Alarcón. Las licitaciones públicas analizadas en este informe incluyen tanto los contratos de obra como los de servicios ofertados por la Administración Pública.
Desajuste en los precios
Sobre los motivos que están detrás de esta situación desde la consultora se apunta a que "el elevado número de licitaciones que han quedado desiertas en 2025 apunta, en primer lugar, a un desajuste creciente entre los precios fijados por la administración y las condiciones reales del mercado".
"Diversos sectores alertan que los presupuestos base de licitación no siempre incorporan el impacto de la inflación, el encarecimiento de materias primas o el aumento de los costes laborales, lo que reduce el interés de las empresas en concurrir. A ello se suma, en muchos casos, la rigidez de los pliegos y la complejidad administrativa, factores que incrementan los costes indirectos de participación y desincentivan especialmente a pymes y proveedores locales”, explica Alarcón, que reconoce cómo se han disparado las empresas que buscan herramientas de inteligencia comercial para concursas en licitaciones públicas.
Además, las instituciones licitadoras también sufren un problema de comunicación a la hora de publicitar unos concursos públicos que, en muchas ocasiones, no llegan hasta las empresas más capacitadas para prestar el servicio.
Uno de los motivos de esta dificultad radica en la multiplicidad de servicios de contratación pública, específicos para cada Administración; lo que provoca que cada municipio o cada Comunidad Autónoma pueda funcionar con independencia. Por este motivo cada vez son más las instituciones públicas que contratan estudios de monitorización de la contratación pública.
Esto facilita el proceso localizando posibles socios y las estrategias de contratación del resto de organismos con el objetivo de reducir al mínimo las licitaciones que se quedan desiertas y cumplir con la ley de transparencia, según la consultora.
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